El Gobierno, dispuesto a legislar sobre el secreto profesional
Madrid/Madrid, 23 mar (EFE).- El Gobierno está dispuesto a trabajar en el desarrollo de una ley sobre el secreto profesional en el ejercicio del derecho a la información de las profesiones periodísticas para "avanzar en democracia" y porque considera, tal y como ha dicho su portavoz, Isabel Rodríguez, que "sin periodismo no hay democracia".
Esta ha sido la respuesta de la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en el pleno del Congreso de los Diputados al ser preguntada por Mikel Legarda, del Grupo Parlamentario Vasco, por el motivo de que no exista una ley de este tipo tras más de cuarenta años de la aprobación de la Constitución.
"Coincido con usted en que, tal vez, 43 años después sería necesario que legisláramos sobre el asunto", ha admitido Rodríguez, quien ha mostrado su disposición a escuchar a los representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de otras asociaciones, además de a los grupos parlamentarios.
No obstante, el Gobierno, según Rodríguez, ya conoce el interés de los periodistas en que se desarrolle la ley y que está amparado por su código deontológico y distintas jurisprudencias del Tribunal Constitucional.
Legarda ha incidido en la necesidad de una ley orgánica que lo regule porque su ausencia, en su opinión, hace que persistan "sombras e incertidumbres" y se generen situaciones de "gran inseguridad" para los profesionales.
Además, su carencia, según el diputado, afecta a la formación de "una opinión libre" y directamente a los periodistas cuando son llamados a declarar como testigos para que desvelen sus fuentes.
En este sentido, ha recordado los juicios por la filtración de la sentencia del caso Rumasa, por la publicación de los papeles de Bárcenas en el caso Gürtel o en relación al caso del máster de Cristina Cifuentes o por publicar informaciones del sumario sobre los miembros de los comités de defensa de Cataluña.
El secreto profesional es un derecho reconocido en la Constitución y que protege las fuentes informativas, pero que no está regulado mediante una ley orgánica, como la cláusula de conciencia y como se exige constitucionalmente para los derechos fundamentales.
