Entidades urgen garantías a la CorteIDH ante la posible liberación de Fujimori
Lima/Lima, 17 mar (EFE).- Un grupo de seis organizaciones peruanas dedicadas a la defensa de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) anunció este jueves que pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que adopte medidas provisionales para garantizar el acceso a la Justicia ante la posible liberación del expresidente Alberto Fujimori.
La petición fue remitida la noche del lunes al órgano judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que trascendiera que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) de Perú evaluará hoy si acepta un hábeas corpus que solicita la nulidad de una resolución judicial que suspendió el indulto que se otorgó en 2017 al exgobernante (1990-2000).
En el documento, al que tuvo acceso Efe, las entidades solicitan a la corte ordenar al Estado peruano que evite adoptar medidas que den impunidad a las personas condenadas "para garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas y evitar retrocesos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales".
Además, instan al órgano judicial a convocar "de manera inmediata", es decir, en el siguiente periodo de sesiones que se desarrollará este mes de marzo, una audiencia pública para supervisar el cumplimiento de la sentencia sobre los casos del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Por estos hechos, perpetrados por el grupo militar encubierto Colina, Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (intelectual), con dominio del hecho, además por el secuestro de un empresario y un periodista en 1992.
El tercer y último pedido de las instituciones a la corte IDH es que, de ordenarse la liberación del expresidente, emita una resolución que disponga la nulidad de esta decisión en base a su jurisprudencia.
A MANOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Este jueves, el Tribunal Constitucional revisará un hábeas corpus interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La Justicia peruana ordenó la nulidad del indulto después de considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.
El indulto incluso está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.
Según trascendió en la prensa local, la decisión mantiene divididos a los seis miembros que actualmente integran el TC, ya que cuenta con el apoyo de Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, y el rechazo por Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.
Por tanto, se presume que será el presidente del tribunal, Ferrero, quien tendrá la facultad de emitir un "voto de calidad o voto doble" para romper el empate.
Fujimori, de 83 años, fue dado de alta este lunes tras superar una dolencia cardíaca que lo obligó a internarse en una clínica de Lima, aunque seguirá siendo tratado en prisión de una fibrosis pulmonar, según informó en ese momento su hija mayor, Keiko.
El exgobernante es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de la base policial del distrito de Ate, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tendrá 95 años.
