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Las imágenes del día: 5 de marzo de 2024
Madrid, 17 mar (EFE).- Entender la letra pequeña de un contrato, un diagnóstico médico, cómo acceder a una ayuda o realizar un trámite administrativo, son algunas de las situaciones que deberán ser accesibles para las personas con discapacidad intelectual, mayores y cualquier otra con dificultades cognitivos.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley que regula y establece la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación, que ha concitado el respaldo mayoritario de los grupos tras dos años de tramitación parlamentaria de una iniciativa del sector de la discapacidad, presentada por Ciudadanos en el Senado.
La norma prevé la aprobación de un Plan Nacional de Accesibilidad dirigido a todas las administraciones para que acometan de forma paulatina la transformación de sus productos y servicios que garanticen que son cien por cien accesibles y comprensibles, junto a ciertas modificaciones referidas a las competencias autonómicas.
Además, exige a las administraciones "un especial cuidado" en la redacción y presentación de los documentos oficiales de cara a su comprensión, principalmente los referidos a la concesión de prestaciones sociales.
La proposición de ley aprobada modifica la ley general de Discapacidad para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación en los distintos ámbitos, establece los pictogramas y la lectura fácil como apoyos complementarios y contempla un plazo de tres años para que el Gobierno apruebe el desarrollo reglamentario que garantice este derecho.
La accesibilidad cognitiva beneficia a una de cada tres personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), han recordado los portavoces de varias grupos parlamentarios.
"Hemos llegado al último trámite de una proposición destinada a hacer el mundo más fácil de entender y a hacer la vida más fácil a todos", ha aseverado la diputada socialista Fuensanta Lima, que ha dedicado a las entidades del sector de la discapacidad promotoras de la iniciativa.
Desde el PP, reconocimiento también a las organizaciones de la discapacidad por haber conseguido reunir el consenso de los grupos. "Es una ley del sector y en los términos que ha querido, las protagonistas son las personas con discapacidad", ha dicho Carmen Navarro, quien ha expresado su rechazo a las enmiendas del PNV de ámbito competencial aprobadas porque "son un capricho de tintes nacionalistas".
La diputada de Vox María Reyes Romero ha celebrado la voluntad de consenso "en un asunto que no debe haber posiciones enfrentadas porque responde a las demandas de la sociedad civil" y lo ha reclamado para defender "el derecho a la vida".
"Hemos tardado demasiado y queda mucho por hacer para que la accesibilidad sea universal, pero es un toque de atención muy serio y espero que la aprobación de la ley sirva para eliminar las barreras de los transportes, los edificios, las ciudades, los centros educativos o los servicios bancarios", ha aseverado Marisa Saavedra, de Unidas Podemos.
La parlamentaria del Grupo Republicano Norma Pujol ha recordado la importancia de que todo el mundo pueda saber "lo que dice una notificacion del juzgado o un diagnóstico de salud" y de garantizar el derecho a comprender la información del entorno.
Desde el Grupo Plural, Genís Boadella ha reclamado que la ley entre en vigor lo antes posible. "El gran mérito de la ley es intentar hacer fácil lo difícil para hacer efectivo el derecho de poder entender las cosas", ha destacado Íñigo Barandiarán, del PNV.
Sara Giménez, de Ciudadanos, ha celebrado el fin de un proceso, impulsado por su partido, que supone "una iniciativa histórica" en el avance de los derechos de las personas que se sienten excluidas por su discapacidad.
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